Escrito por la docente Katia Valenzuela
En una comuna desigual como San Pedro de la Paz, la segregación residencial se expresa en formas cotidianas de exclusión, tales como la falta de infraestructura urbana, alta congestión vehicular y deficiente calidad y oferta del transporte público, solo por mencionar algunos de los problemas que aquejan diariamente a pobladoras y pobladores del Borde Costero.
El viernes 1 de septiembre, el acceso a la población Boca Sur de San Pedro de la Paz se tiñó de dolor y muerte. Siete fallecidos y 12 personas heridas son las víctimas de una grave colisión entre el Biotren y un bus de locomoción colectiva. No cabe duda de que este fatal accidente ha conmovido no solo al Gran Concepción sino a todo el país, multiplicándose opiniones que apuntan a la responsabilidad individual de este lamentable hecho. Sin negar esta perspectiva, es fundamental comprender esta tragedia en su contexto, ya que es imperativo que todos los actores, públicos y privados, asuman también su responsabilidad en esta crisis vial y del transporte público, crisis que hoy llena de luto a una comunidad entera.
En una entrevista transmitida a medios nacionales, el presidente de la Junta de Vecinos 8-R de Boca Sur, Richard Silva, ha sido enfático en señalar que esta tragedia no es excepcional. A esta se le suman múltiples accidentes ocurridos en el Borde Costero de San Pedro de la Paz, acrecentados por una crisis vial que ha seguido perpetuándose y agravándose, convirtiendo a este sector en una zona de sacrificio vial. No es casualidad que estas situaciones ocurran en “el otro San Pedro”, ese que se ubica al otro lado de la vía férrea, el que alberga sectores de vivienda social y poblaciones gestadas tras las erradicaciones forzadas de la dictadura militar.
En una comuna desigual como San Pedro de la Paz, la segregación residencial se expresa en formas cotidianas de exclusión, tales como la falta de infraestructura urbana, alta congestión vehicular y deficiente calidad y oferta del transporte público, solo por mencionar algunos de los problemas que aquejan diariamente a pobladoras y pobladores del Borde Costero. Este diagnóstico ya ha sido levantado por las propias organizaciones de Boca Sur, quienes en más de una ocasión han intentado comunicarse con autoridades locales para denunciar la crisis vial, los problemas de planificación territorial y lo que ellos consideran una situación grave de abandono estatal, sin obtener respuesta hasta la fecha.
Incrementar la fiscalización a las líneas de autobuses que operan en el Gran Concepción, para así prevenir la circulación de vehículos defectuosos y prácticas irresponsables y temerarias que amenazan la seguridad de la población, es una medida urgente que en ningún caso resuelve la grave crisis vial, de transporte y urbana a la que nos enfrentamos.
Construir “ciudades y comunidades sostenibles” es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promovidos por las Naciones Unidas, agenda a la que Chile y sus autoridades, tanto locales como centrales, se han sumado, al menos en lo formal. Avanzar hacia el cumplimiento de este objetivo requiere no solo de mayor regulación y fiscalización en materia de transporte y vialidad. Esta meta no es más que un sueño lejano si las reglas del juego las sigue imponiendo el neoliberalismo más duro heredado de la dictadura militar, modelo que mercantiliza las ciudades y sus servicios, excluye a las comunidades de las tomas de decisiones, y persiste en segregar espacial y socialmente a los pobres urbanos.
Construir ciudades justas, democráticas y sostenibles es posible, pero es fundamental liberarnos de la herencia autoritaria que aún sigue incrustada en nuestro país.
Columna de opinión publicada en El Mostrador.