Como parte de nuestra reciente participación en el Congreso Contested Cities en la ciudad de Madrid, proponemos reflexionar acerca de la necesidad de incluir con mayor fuerza la voz de los movimientos ciudadanos y el enfoque de derecho a la ciudad en la discusión de la nueva agenda urbana que plantea la cumbre de Habitat III. Pero no como un simple mecanismo jurídico referido exclusivamente a cuestiones de acceso a bienes y servicios (un derecho a la ciudad que ya existe), sino como un derecho colectivo a poder cambiar la ciudad y la forma de vida actual que en ella predomina.
Ese cambio implica la co-construcción de otra ciudad: una ciudad que erradique la desigualdad socio-territorial y promueva participativamente -desde abajo hacia arriba- la democratización de la democracia (en su escala barrial, comunal y metropolitana). El derecho a la ciudad puede ser entendido como un horizonte compartido, una estación en el viaje hacia la profundización de una ciudad más justa, sustentable y democrática para todos y todas.
Por ello urge plantear nuevas estrategias para enfrentar los desafíos de la justicia socio-territorial. Entendiendo que aquello no implica una igualdad uniforme que borre todo rasgo de diversidad o, bien, sólo emparejar el campo de juego; sino una estrategia política y analítica para avanzar en una mayor y mejor distribución socio-espacial de las riquezas, los servicios, los accesos a bienes y oportunidades, la calidad de la vida urbana, la democratización y expansión de la toma de decisiones.
Este proceso supone el desafío de la inclusión de grupos sociales con mayores desventajas para incidir en la toma de decisiones: mujeres, jóvenes, inmigrantes, habitantes de barrios precarizados, etc. pero sobre todo demanda el impulso para que se transformen en agentes activos de cambio en sus propias ciudades.
La desigualdad no sólo viene creciendo ininterrumpidamente en los últimos años, sino que esta tendencia se ha intensificado a nivel mundial desde comienzos del siglo XXI. Las posiciones ideológicas del “Consenso de Washington” aún dominan en las políticas de los gobiernos, subordinando los temas de la equidad (educación, salud, vivienda, transporte, etc.) al crecimiento y el comportamiento de las economías. Sin embargo, las demandas de los recientes movimientos sociales a nivel global, reinstalan con fuerza en la agenda de los gobiernos los temas de la justicia social y la equidad: movimiento estudiantil en Chile, 15M en España, Occupy Wall Street, etc. Estos movimientos –entre otros a nivel global- pusieron de relieve las contradicciones insuperables entre la desregulación del mercado y el desarrollo humano sustentable, cuestionando fuertemente el rol dominante del mercado y las finanzas en las vidas cotidianas de las personas.
El neoliberalismo aplicado en forma extrema en Chile ha generado durante las últimas tres décadas ciudades desreguladas, donde se producen y reproducen geografías altamente desiguales y de contrastes múltiples. Como plantea la OCDE (2013), Santiago de Chile es la ciudad más desigual, de 30 ciudades evaluadas en el mundo. Y, a pesar de que el país viene avanzado en la reducción de la pobreza urbana, hoy experimentamos una expansión inquietante en 20 de las 26 principales ciudades chilenas.
Asimismo, observamos una fuerte tendencia a participar en movimientos ciudadanos que ponen en el núcleo de su demanda no sólo la impugnación a un modo hegemónico de construir ciudad, sino la propia necesidad de avanzar en una mayor justicia socio-territorial. Ejemplo de ello han sido los movimientos de Costanera Norte y de la defensa territorial de barrios como Yungay, Matta en la Región Metropolitana, a partir del uso táctico del patrimonio como herramienta de futuro; y, de modo más reciente, la movilización ciudadana desarrollada en Tomé para frenar la demolición de la Fábrica Bellavista. Los movimientos urbanos van planteando demandas por un proyecto de desarrollo territorial más descentralizado y participativo, que ponga énfasis en el respeto por las formas de vida y los saberes locales. Como lo han planteado los movimientos urbano-regionalistas de Calama, Punta Arenas, Aysén, y más recientemente Chiloé.
De cara a la cumbre de las ciudades en el Habitat III, reconocemos el empeño por discutir y avanzar en una serie de dilemas que afectan de manera importante la calidad de vida de las personas y el futuro de las siguientes generaciones, sin embargo, no podemos dejar de observar –deconstructivamente- que no se problematizan de modo sustantivo los principales conflictos urbanos que están en juego para la sostenibilidad del mundo urbano actual; con el objeto de generar acuerdos vinculantes –multilaterales- que permitan regular las fuerzas estructurales y globales que están a la base de los graves problemas que nos afectan: la especulación del suelo urbano; la financiarización de las economías; las dinámicas globales de acumulación por desposesión; la privatización de recursos críticos; etc.
De ahí la relevancia de que las ciudades no sólo sean objeto de intervenciones socio-técnicas, sino que la nueva agenda urbana debe incorporar con mayor contrapeso la participación de los movimientos sociales; y también las diversas iniciativas ciudadanas que hasta ahora están insuficientemente permeadas en la cumbre de Habitat III; pero no como simulacro de participación para validar decisiones ya tomadas por otros agentes en otras instancias, sino como protagonistas genuinos de los cambios estructurales que urge impulsar y multiplicar a nivel global.
* Rodrigo Ganter S. es investigador asociado CEDEUS y pertenece al Departamento de Sociología de la Universidad de Concepción.
** Christian Matus M. es investigador Postdoctoral CEDEUS en la Universidad de Concepción.